El Parlamento Europeo confirma que las ONG son utilizadas para financiar el terrorismo


Con objeto de cortar las fuentes de financiación terrorista, especialmente del terrorismo islamista, el Parlamento europeo propone vigilar las organizaciones y transacciones sospechosas e impulsar el intercambio de información de inteligencia, según cuenta LTPV.
En una resolución no legislativa recién aprobada, los eurodiputados insisten en que bloquear el acceso a fondos procedentes del comercio ilegal de bienes, armas, petróleo, drogas, tabaco y objetos culturales resulta clave para combatir el terrorismo. El pleno incide en que parte de estos fondos tienen origen en Europa, por ejemplo, vía ONGs, organizaciones benéficas, fundaciones y otras redes, bien conectadas dentro de la UE, y que se utilizan como cobertura para prácticas dudosas.
El texto preparado por Javier Nart (ALDE, España) fue respaldado por 533 eurodiputados, 24 votaron en contra y 43 se abstuvieron. El Parlamento insta al Consejo de la UE, la Comisión y el Servicio de Acción Exterior a reforzar el intercambio de información y la coordinación entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mediante una plataforma europea de información financiera, gestionada por Europol, que incluya una base de datos sobre transacciones sospechosas. También apela el Parlamento a establecer una lista de personas y entidades que operan bajo regímenes opacos con elevado porcentaje de transacciones sospechosas y a intensificar la vigilancia de las organizaciones sospechosas implicadas en comercio ilegal, contrabando, falsificaciones y otras prácticas fraudulentas.
Otras medidas que han propuesto los parlamentarios europeos para cortar la financiación terrorista, son las siguientes: obligar a los bancos a vigilar estrechamente las tarjetas de débito prepagadas a fin de garantizar que solo puedan recargarse través de transferencias bancarias y desde cuentas cuyo titular pueda ser identificado; fijar un sistema de control y autorización de lugares de culto y enseñanza, instituciones, centros, organizaciones caritativas, y asociaciones culturales de las que haya sospechas fundadas sobre sus vínculos con grupos terroristas; controlar mejor todas las transacciones financieras electrónicas y las empresas emisoras de moneda electrónica, y evaluar si las actividades de juego electrónico, criptomonedas, tecnologías de cadena de bloques y tecnofinanzas están siendo utilizadas para la financiación del terrorismo.
Javier Nart, de ALDE, ha explicado que “necesitamos un enfoque microfinanciero dirigido a interrumpir las transferencias a los grupos terroristas yihadistas; mejores controles sobre las tarjetas de pago prepagadas, seguimiento de los fondos que reciben los centros culturales y de culto, así como establecer una plataforma común para los servicios de inteligencia y un registro de transacciones sospechosas”.