La crisis consolida la precariedad laboral y vital de los jóvenes: 28’3% de desempleo, 55% de los contratos temporales inferiores a 3 meses y el 41% de jóvenes españoles emigrados al extranjero


La juventud es el sector de la clase obrera que más afectado se ha visto por el descenso de derecho. En este proyecto, cada vez más avanzado, pero todavía en desarrollo, la juventud cumple un papel clave: Ser el sujeto de experimentación de un proyecto precarizador del que todavía no se conocen los límites. Tanto es así que en 2018, la estabilidad laboral en la población joven fue del 8,19%, la más baja de todos los colectivos.

El salario medio de los jóvenes de entre 16 y 24 años ha bajado el 8,6% de 2011 a 2016 y se ha situado en los 1.029€.

La diferencia salarial relativa a la edad llega incluso a ser del doble entre los tramos de 20 a 24 años y los tramos de 40 en adelante, situando a la juventud trabajadora en un marco de precariedad material comparativamente peor a otros sectores de la población.

El número de parados ha estado disminuyendo desde 2013 aunque todavía está por encima de las dramáticas cifras de 2008 cuando se alcanzó el 60% de paro juvenil. Las tasas de paro actualmente están en el 28’3% para el total de la juventud, lo que supone 12 puntos más que el total de la población.

Después del descenso durante la crisis la temporalidad comenzó a subir a partir de 2015. En el último año, el 82,68% de la contratación juvenil se suscribió bajo las modalidades de Eventual por circunstancias de la producción y obra o servicio. Además, más del 55% de los contratos temporales fue inferior a 3 meses y se desconoce el tiempo de casi el 34%. En total, el 92,6% de la población juvenil trabajadora se encuentra bajo un contrato temporal.

Dos de los efectos que conlleva el empeoramiento en las condiciones de trabajo son la emigración a la que la juventud española se ha visto abocada los últimos años y la cada vez más tardía emancipación del hogar familiar.

Por un lado la emancipación juvenil se encuentra en mínimos históricos: sólo uno de cada cinco jóvenes menores de 29 años ha podido emanciparse desde el punto de vista residencial y esta situación, lejos de revertirse, no hace más que agravarse por el crecimiento casi hasta niveles de precrisis del precio de la viviendas además de la subida de precios de los alquileres.

Por el otro, desde que empezó la crisis en 2008 ha crecido un 41% el número de jóvenes españoles que han emigrado al extranjero, en la mayoría de los casos empujados por la falta de perspectivas laborales que a corto plazo ofrece el país. Sobre todo por las altas tasas de paro y precariedad antes analizadas. Los jóvenes españoles emigrados han servido de mano de obra barata fuera del país.

Otro de los aspectos cruciales en la vida cotidiana de la juventud es la educación. El coste por familia en la educación ha aumentado casi un 50% y el nivel de pobreza se ha generalizado, para las familias, la educación ha vuelto a ser el único camino a un ascenso social. Esto, acompañado de los recortes en financiación del sistema educativo, han supuesto que cada vez más estudiantes de clase trabajadora queden excluidos y segregados del sistema educativo, con las consecuencias de pobreza y precariedad que ello conlleva que en menores de 18 años se sitúa en una tasa de exclusión social o pobreza del 31,3% según el indicador AROPE.

En definitiva tenemos un escenario con una correlación de fuerzas desfavorable para la clase trabajadora, que se hace más palpable en las condiciones laborales de la juventud, mientras se transmite un ideario que soporta todas estas "reformas". Aunque ni la precariedad laboral ni el resto de ataques materiales a la clase trabajadora se deben a la crisis, lo que claramente demuestran los datos es que estos ataques se han consolidado aprovechando el periodo de crisis iniciada en 2008.