Las 32 universidades públicas de Colombia declaran un paro indefinido de sus actividades por "la mercantilización de la educación por parte del Estado colombiano", que la concibe como un servicio "y no como un derecho fundamental"


Las 32 universidades públicas de Colombia declararon desde principio de semana un paro indefinido de sus actividades académicas, para exigir al Estado "mayores recursos económicos".

En la víspera, una serie de marchas multitudinarias de estudiantes se registraron en las principales ciudades de ese país, para alertar sobre la deteriorada situación financiera de sus casas de estudios superiores.

El Gobierno del presidente Iván Duque reaccionó con la oferta de una asignación de 500.000 millones de pesos (algo más de 160 millones de dólares) para la educación superior pública, como parte del Presupuesto General de la Nación del año 2019.

Pero, añadió el mandatario, para lograr esa partida presupuestaria se requerirá de "un gran pacto" entre su Gobierno y todas las bancadas del Congreso.

Ante ese anuncio, el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres, reconoció "la voluntad política" del Gobierno, pero recalcó que la cifra anunciada significa "muy poco" para las universidades.

Según los propios convocantes, estas movilizaciones "son un mecanismo de presión" para que el Estado invierta los recursos necesarios para cubrir el déficit fiscal de las universidades colombianas.

Así mismo, las exigencias de los estudiantes pasan por su "rechazo a la desfinanciación de las universidades públicas y el endeudamiento de los estudiante de las privadas".

Reclaman que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) elimine toda tasa de interés en los préstamos para formación universitaria, "ya que debido a los elevados intereses, los estudiantes pagan hasta el triple de lo que costó su carrera universitaria".

De igual manera, los universitarios rechazan "la mercantilización de la educación por parte del Estado colombiano", que la concibe como un servicio "y no como un derecho fundamental", según lo dicta la actual Constitución de 1991.

Finalmente, los universitarios de Colombia manifiestan que la protesta "no responde a los lineamientos de ningún partido político" ni a ninguna organización externa. Anuncian asambleas populares a partir de este viernes, como una forma de "visibilizar el pliego de peticiones y la inconformidad de los universitarios".