Montoro sabía que la Generalitat gastó más de 300.000€ en el referéndum ilegal pero lo negó ante el juez


El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), remitió el pasado mes de mayo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un escrito en el que afirmaba que no le consta que el Govern de Puigdemont hubiera gastado ni un solo euro público en la organización del "referéndum" ilegal del 1-O.

Antes, Montoro había hecho unas polémicas declaraciones al diario 'El Mundo' en el mismo sentido: “Yo no sé cómo se pagó el 1-O. Pero no con dinero público”.

Ahora se ha sabido que el Ministerio de Hacienda tenía constancia, desde el mes de febrero, de que el Diplocat había gastado más de 300.000 euros de fondos públicos para comprar tres grupos de “observadores internacionales”, con el fin de que avalaran el resultado del "referéndum" ilegal.

La Generalitat había remitido el pasado 20 de febrero a la Secretaría de Estado a Hacienda el expediente completo de la contratación del grupo de observadores internacionales encabezado por la neocelandesa Helena Catt, que el Diplomat sobornó con 206.371 euros.


El consorcio de diplomacia exterior de la Generalitat pagó unos horarios de 8.775 euros a cada uno de los 13 miembros del equipo de Helena Catt, además de todos los gastos de viajes, alojamiento y manutención.


Pese a ello, en su carta dirigida al juez tres meses después, el ministro Montoro no quiso dar su brazo a torcer y aseguró que no tenía ninguna constancia de que la Generalitat hubiera gastado dinero público en el referéndum. Los abogados de los golpistas utilizaron las palabras de Montoro para sostener que no se ha producido ningún delito de malversación.

Pese a que Montoro no quiso admitir ante el juez que la Generalitat había logrado burlar la supuesta intervención de sus cuentas, la Guardia Civil ya ha podido acreditar que Puigdemont gastó más de 4 millones de euros públicos en la convocatoria del "referéndum" ilegal.