El Gobierno ya puede cerrar webs sin autorización judicial


Esta semana el Parlamento de España aprobó que los partidos a partir de ahora podrán recopilar las opiniones políticas de los ciudadanos obtenidas en internet.

Ahora el Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la cual permitirá el cierre de páginas web que incumplan reiteradamente esa ley, y sin la necesidad de que haya autorización judicial de por medio.

Este texto actualiza el decreto ley aprobado por el gobierno del PP para actualizarlo a la "normativa europea". El artículo 195 de esta reforma contiene una modificación pactada por PP, PSOE y Ciudadanos que permitirá el cierre de páginas sin que sea un juez quien lo decida. Esto es debido a que actualmente casi siempre los jueces determinan que una página no ha de cerrarse, lo cual no gusta a las multinacionales.

En lugar de un juez, será la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (conocida como la Comisión Sinde) la que determinará si una web deberá ser o no cerrada. Sí, será un órgano ejecutivo y no judicial quien tome la decisión, lo cual atenta contra la división de poderes que está dispuesta en la Constitución Española, además de contra el artículo 20 sobre los derechos de libertad de expresión. Hasta ahora era un juez el que decidía en el caso de que el cierre de una web atentara contra la libertad de expresión.

A esta nueva ley hay que sumarle el artículo 13 de la Directiva de Copyright de la Unión Europea, que pretende censurar enlaces y contenido mediante algoritmos, que posteriormente serán revisados por humanos para determinar si es o no cierto.