Interior prosigue con el acercamiento de terroristas de ETA


El Ministerio del Interior ha anunciado este lunes el próximo traslado a cárceles cercanas a sus domicilios de cuatro presos de ETA y otro del GRAPO, así como la concesión del régimen de semilibertad a otro recluso de esta última organización armada en lo que es el mayor movimiento de reclusos terroristas desde que el Gobierno de Sánchez anunció el cambio de la política penitenciaria de dispersión. 

Hasta ahora la medida se había tomado de dos en dos. Entre los acercados ahora se encuentra el antiguo dirigente del GRAPO Fernando Silva Sande, autor confeso del secuestro de Publio Cordón y desvinculado de su organización. Recluido en la prisión de Soto del Real (Madrid), será trasladado en fechas próximas al Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña) después de que la Junta de Tratamiento propusiera su ingreso en una cárcel cercana a "su vinculación familiar" para facilitar su reinserción.

Interior destaca que, además de su desvinculación con los GRAPO, Silva Sande "está abonando la responsabilidad civil [a la que ha sido condenado en diversas sentencias] y colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el esclarecimiento de la actividad delictiva" de sus antiguos correligionarios, entre ellos los que cometieron el secuestro y posterior muerte de Cordón, cuyo cadáver aún no ha sido localizado.

El otro miembro de los GRAPO al que se le ha concedido el tercer grado penitenciario o de semilibertad es Jesús Merino del Viejo, hasta ahora recluido en la prisión de Aranjuez. En prisión desde junio de 2002, Merino cumple una condena de 25 años por colaboración con banda armada, falsificación de documento, tenencia de armas, robo con violencia y estragos. Interior recalca que, además de haberse desvinculado de la organización terrorista, el antiguo grapo ha pedido perdón a las víctimas y se ha comprometido a abonar la responsabilidad civil a la que fue condenado.

Los cuatro etarras que serán trasladados son Mikel Orbegozo, Francisco Javier Chimeno, Igor González Sola y Jorge Fraile Iturralde. Todos ellos forman parte del grupo de 92 presos etarras que en los últimos diez meses habían dado pasos para optar al acercamiento al solicitar formalmente que se les pasara del primer grado penitenciario —el más duro— a segundo grado (en el que pueden solicitar permisos de salida). Interior considera que este gesto es una aceptación explícita de la legalidad penitenciaria, uno de los requisitos que valora para proceder a los traslados junto a que hayan cumplido al menos tres cuartas partes de sus condenas y que no estén condenados por su participación en asesinatos.