'Programa 2000': El día que Aznar y Pujol decidieron sembrar el nacionalismo en Cataluña


Un 28 de octubre de 1990, 'El País' publicaba una editorial cuyo título era: "El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales".

El artículo hablaba sobre un documento que el ladrón de Pujol quería aprobar, el 'Programa 2000', que no tardaría mucho tiempo en materializarse oficialmente.

La editorial de 1990 expresaba textualmente lo que ahora estamos viviendo: "La obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos -el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo-, y las referencias a un ámbito geográfico -los Países Catalanes- que sobrepasa los límites del Principado".

El documento, de 20 folios de extensión, equipara Cataluña a los Países Catalanes -entendiendo estos como el área de influencia de las comunidades catalana, valenciana y parte de sureste francés-, y sostiene que Cataluña es una "nación europea emergente", una "nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico". Desde esta perspectiva, los redactores del documento resaltan que la búsqueda de la soberanía hace imprescindible la "sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social", objetivo que persiguen las directrices dadas en el texto, entre las que se incluye la reforma del Estatuto.

El documento propugna la configuración de una sociedad catalana de claro corte conservador, en la que tengan vigencia "Ios valores cristianos" y en la que se fomenten las "fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico". Una sociedad a la que se debe sensibilizar sobre la "necesidad de tener más hijos para garantizar su personalidad colectiva".

Para cumplir sus objetivos, los ponentes no ocultan la necesidad de controlar a los educadores para que cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista. Se aboga, así, por "vigilar la composición de los tribunales de oposición" para todo el profesorado.

Asimismo, se alienta a "reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza". También se considera necesario "incidir en las asociaciones de padres".

La voluntad de dirigismo queda de nuevo patente en el apartado relativo a los medios de comunicación: hay que "introducir gente nacionalista (...) en todos los puestos claves de los medios de comunicación". También se postula "incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana".

El documento promueve la creación de organizaciones patronales, económicas y sindicales catalanas, y la conveniencia de diseñar "una estrategia para optar a los cargos directivos de las instituciones" financieras.

De igual forma, se propugna "incidir sobre la administración de justicia y orden público con criterios nacionales", y revisar los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado.

Los planes nacionalistas de Pujol se pudieron empezar a ejecutar en 1996, cuando para llegar a la Moncloa, Aznar cedió a todos los chantajes del PNV y CIU, para obtener sus votos, traicionando a España.

De esta manera, en el País Vasco se aumentaron más aún las competencias de las instituciones vascas -Gobierno y diputaciones forales- en materia fiscal.

Uno de los acuerdos pactados entre el PP y el PNV fue el compromiso del Gobierno de retirar los recursos pendientes ante los tribunales, interpuestos por la Administración central anterior contra las vacaciones fiscales vascas, esto es, la exención de tributar durante diez años a las empresas que se instalasen en el País Vasco. No tardaron ni un mes en cumplir la promesa.

La lista de concesiones a CIU, que tuvieron su origen en el denominado Pacto del Majestic (firmado el 28 de abril de 1996), Aznar acordó importantes transferencias de competencias a la Generalitat, entre las que destacan las competencias de tráfico (hasta entonces en manos de la Guardia Civil), y otras en el ámbito de la justicia, la EDUCACIÓN, la agricultura, la CULTURA, las farmacias, la sanidad, el empleo, los puertos, el medio ambiente, la mediación de seguros y la vivienda.

Por otro lado, se eliminó la figura del gobernador civil, que fue sustituido por el subdelegado del Gobierno, con menos competencias que el anterior.