Granados acusa ante el juez a Aguirre y González de pagar las campañas en B


Aguirre y a Ignacio González como los responsables de una financiación en dinero negro del Partido Popular de Madrid en las campañas electorales de 2007 y 2011. El ex consejero madrileño declara este lunes de forma voluntaria ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco de la trama Púnica.

Durante su comparecencia desvelará que el PP de Madrid efectuaba dos financiaciones paralelas para las campañas electorales, una en dinero A y otra en dinero negro. La primera era la oficial y era sometida al Tribunal de Cuentas. La segunda era la extraoficial y se sustentaba en facturación inflada a través de empresas.


Granados tiene la intención de detallar cómo Ignacio González era el dirigente que mandaba en el PP de verdad durante la presidencia de Esperanza Aguirre. En esta línea, desvelará que González fue el responsable directo de la financiación paralela de la campaña electoral del 2007.
Respecto a la campaña de 2011 que el propio Granados dirigió, el ex consejero popular señalará que González centralizó la financiación paralela extraoficial junto a otros cargos relevantes del PP.
Estas mismas fuentes apuntan que Granados también podría señalar a otros dirigentes del Partido Popular de Madrid relacionados con la Fundación Fundescam, investigada en Púnica por la financiación ilegal del PP madrileño.
Por último, gran parte de su declaración se centrará en desmontar una por una las acusaciones vertidas en los últimos años por el denominado cerebro de la trama corrupta, David Marjaliza. Recientemente el ex consejero madrileño denunciaba a los 6 agentes de la UCO que instruyeron la trama Púnica por no investigar las presuntas relaciones del empresario con el narcotráfico recogidas en informes de la causa tras diversas intervenciones telefónicas.
El Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid ha dejado en suspenso la declaración de los agentes hasta que Granados se persone como acusación popular y presente una querella con una fianza de 6.000 euros.